Pocos conocen el origen del actual Palacio de San Telmo en Sevilla. Muchos solo saben que es la actual sede del Gobierno Andaluz y sin embargo este edificio fue en origen la sede de una institución que es reflejo casi perfecto de la situación española durante su vida y da fe también del espíritu que anidaba en el corazón de los gobernantes en el siglo XVII.
La Real Cedula de 17 de junio de 1681, fue firmada por el monarca Carlos II, conocido como “El Hechizado” por su debilidad de carácter y último rey de la casa de Augsburgo. Nuestro antiguo dirigente, es pintado casi siempre como el pobre infeliz que pasó por la vida sin hacer nada bueno, pero debemos alzar una lanza en su defensa. Carlos II tenía muy disminuidas sus facultades físicas, pero era claramente consciente de sus limitaciones y supo reunir a su alrededor los dirigentes que empezaron la reconstrucción del viejo imperio español.
Gente como Fernando de Valenzuela, Juan Francisco de la Cerda (duque de Medinaceli) y Manuel Joaquín Álvarez de Toledo-Portugal y Pimentel (conde de Oropesa), iniciaron reformas impensables hasta entonces, como colocar en los puestos claves a personas conocedoras de la materia y no a nobles por el mero hecho de serlo y también provocaron una enorme deflación que ayudó a la población menos favorecida. Otra de sus medidas fue la condonación de las deudas de los municipios con la Corona para promover su crecimiento, reducir los impuestos y recortar los gastos suntuosos. Digamos que son medidas y situación que recuerdan bastante a los momentos actuales.
Entre las medidas sociales revolucionarias que se impulsaron, fue la creación de un colegio que debía nutrir sus alumnos entre las clases más desfavorecidas de Sevilla, además los aspirantes debían ser huérfanos. El objetivo de la institución era muy claro. Los alumnos, que al entrar en la institución, normalmente no sabían ni leer, debían salir reconvertidos en artilleros navales, oficiales de marina o pilotos, con la idea de abastecer las necesidades de especialistas navales capaces de garantizar las comunicaciones transatlánticas. O sea, los elegidos, tenían la oportunidad real de dar un salto de gigante en el escalafón social.
La situación de las arcas de la corona a fines del siglo XVII, era totalmente paupérrima y rápidamente se vio que los fondos necesarios no iban a permitir una fácil construcción de los edificios necesarios. Ello llevó a pensar en la utilización de unos edificios existentes en el barrio de Triana. Sin embargo los terrenos y edificios pertenecían a la Inquisión y esta se negó en redondo a la venta y tan solo después de fuertes presiones Reales, se avino a alquilar el conjunto, pero por una suma de 9000 reales anuales, suma que era exorbitante para la época.
Fue entonces cuando se decidió instaurar otra innovación en el proyecto. La financiación no iba a depender tan solo de asignaciones del presupuesto estatal, sino también de las aportaciones de los particulares. ¿Y quiénes iban a ser estos particulares? Pues los que más se iban a beneficiar del “producto” del colegio. O sea los comerciantes que mercadeaban entre las dos orillas del Atlántico. Se aplicó un impuesto denominado derecho de toneladas, sobre el tráfico marítimo comercial de la Carrera de Indias. Este gravamen fue suficiente para conseguir la financiación de la institución hasta que el tráfico se vio mermado por la pérdida de las posesiones americanas.
El colegio estuvo activo hasta 1847, cuando fruto de la pérdida de ingresos y de la desidia del gobierno de la Regencia de María Cristina, se suprimen las enseñanzas náuticas en la institución.
Fue un modelo de enseñanza avanzado en su tiempo, con un fuerte contenido social, y que unido a una actividad económica le permitió un largo recorrido en el tiempo, pero que fue la causa de su desaparición.
Manuel de Francisco Fabre
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