La muerte de Marcelino Valentín Gamazo es una historia de terror de aquel partido socialista sanguinario, en una España de nefarios a ambos lados. Memoria y honor para los inocentes en el presente caso un servidor público masacrado bajo mirada socialista, un trágico ejemplo de la violencia y represión que se vivió durante la IIª República.
Marcelino fue un abogado español, secretario de los Colegios de Abogados de Madrid en tres ocasiones, decano de los abogados del Estado y Fiscal general de la República Española, cargo para el que había sido nombrado por Niceto Alcalá Zamora el 16 de noviembre de 1935 a propuesta del Ministerio de Justicia, tanto por su prestigio como jurista, como por el hecho de merecer toda la confianza del Gobierno de la República, tomando posesión del cargo el martes 19 de noviembre. No debemos olvidar que Don Niceto Alcalá Zamora había sido el primer presidente del Gobierno Provisional y finalmente llegó también a ser presidente de la Segunda República Española.
Marcelino Valentin Gamazo nació en Arechavaleta el 14 de agosto de 1879 y estaba casado con Narcisa Fernández y Navarro de los Paños, de quien tuvo nueve hijos: María de las Mercedes, José Antonio, Francisco Javier, Luis Gonzaga, Emilia, Fernando María, Alfonso, María Teresa y María Julia. Fue miembro de Acción Católica y de los Caballeros del Pilar, y participó en la reorganización de la Congregación de San Ivo, patrón de los abogados. Intentó, sin éxito, que se condenase al socialista Francisco Largo Caballero como cabecilla de la Revolución de 1934.
Su actuación más notable fue la causa emprendida en 1934 ante el Tribunal Supremo contra el socialista Francisco Largo Caballero, el llamado “Lenín Español”, secretario general del PSOE que fue defendido por el jurista y político socialista Luis Jiménez de Asúa, acusándolo de rebelión militar, delito penado con treinta años de reclusión. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1935, solo cinco días después de finalizar la vista oral, al entender los magistrados que el resultado de la prueba no permitía concluir que Largo Caballero hubiera participado a título alguno el delito de rebelión militar, el Tribunal Supremo dictó sentencia absolutoria, debiéndose considerar por ello al procesado inocente.
El Tribunal Supremo tan solo consideró acreditado que había incitado a la rebelión mediante discursos anteriores al 14 de abril de 1934, hechos que la Ley de Amnistía de abril de 1934 dejaba sin efecto. A pesar de las pruebas, Largo Caballero fue absuelto, lo que aparentemente motivó el asesinato de Gamazo en Tébar, Cuenca. Tampoco pudo ser condenado por el delito de provocación a la rebelión militar, pues los escritos en que incitaba a una sublevación eran de fecha anterior a la entrada en vigor de la ley de amnistía aprobada el 25 de abril de 1934, y por tanto quedaban exculpados por esta concesión, “le salvó la campana”. Como consecuencia de este fallo jurídico, Valentín Gamazo presentó su dimisión el miércoles 18 de diciembre de aquel mismo año que le fue admitida el 24 de diciembre. La absolución de Largo Caballero y la posterior impunidad de los asesinos de Gamazo son un ejemplo de la complejidad y la controversia que rodea a este período de la historia española.
Su “delito” no fue otro que haber cumplido con su obligación: acusar a Francisco Largo Caballero de ser el máximo responsable del intento de golpe de Estado socialista de octubre de 1934. En aquel proceso, Gamazo solicitó para él 30 años de reclusión mayor por delito de rebelión militar, al considerar probado que había dirigido, coordinado y ordenado el levantamiento armado desde la clandestinidad. La “Revolución de Octubre” había sido un alzamiento en armas liderado por Vladímir Lenin y León Trotsky contra la República que causó más de mil muertos, siendo necesario el empleo del Ejército para sofocarla. El juicio comenzó el 25 de noviembre de 1935 ante el Tribunal Supremo. Durante el interrogatorio, Largo Caballero sostuvo que había permanecido en su domicilio durante toda la insurrección y negó haber hecho llamamientos a la violencia, asegurando que sus discursos eran simples arengas retóricas. La hemeroteca demostraba lo contrario: existían múltiples intervenciones en las que llamaba abiertamente a apoderarse del poder por la fuerza y a emplear la violencia cuando la legalidad resultara insuficiente.
Marcelino Valentín Gamazo fue asesinado tras haber sido apresado por milicianos izquierdistas del PSOE junto con varios de sus hijos en la casa de campo familiar del municipio conquense de Rubielos Altos donde, en la finca que allí poseía su esposa, se había refugiado con su familia pocas semanas después del golpe de Estado de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil Española. Se trató de una venganza por acusar a Largo Caballero, el líder del PSOE.
El 5 de agosto de 1936, cuando se encontraban en el interior de la vivienda los tres hijos mayores del matrimonio jugando al frontón, se presentó un grupo de diez o doce milicianos en una camioneta requisada. Tras penetrar en el patio de la vivienda, manifestaron que habían venido para llevarlos a Albacete a declarar ante un tribunal. En principio los hermanos se resistían a hacerlo, pero el padre, Marcelino Valentín Gamazo, como correspondía a un notable jurista que había sido nada menos que fiscal general de la República, les ordenó que obedecieran. Pues al no tener ningún cargo contra ellos, tras tomarles declaración quedarían en libertad, pero en cuanto se alejaron del pueblo los ataron, y tras vejarlos y torturarlos durante todo el día.
Tras horas de torturas, al día siguiente, se llevaron a Gamazo y a tres de sus hijos varones, José Antonio, Javier y Luis, de 21, 20 y 17 años respectivamente siendo conducidos por los milicianos a un olivar entre Tébar y El Picazo donde consumaron la ejecución con una crueldad calculada, primero asesinaron a sus hijos, del menor al mayor, obligando al padre a presenciarlo todo para posteriormente asesinarle a él cuando le faltaban nueve días para cumplir 57 años.
Los cuerpos fueron arrojados a la cuneta y abandonados en el margen derecho de la carretera. Dejaron los cuatro cadáveres pudriéndose al terrible sol de agosto. Y como podía esperarse de aquellas alimañas, ni tan siquiera ejercieron la séptima de las obras corporales de la misericordia enterrando sus cuerpos en la cuneta. Luego pararon en el pueblo de El Picazo a tomar unos refrescos, mientras se jactaban de su “hazaña”. A alguno de los hijos debió costarle morir con los disparos de las escopetas, pues entre risotadas comentaron en el bar…. ¡estaban duros los perdigones!
Días después vecinos encontraron los cadáveres y los entregaron a la viuda, que quedó sola con los hijos pequeños. Un testigo, conductor de una camioneta, presenció el crimen y más tarde identificó a uno de los asesinos, lo que llevó a su condena a muerte. Sin embargo, muchos implicados nunca fueron juzgados, lo que ha generado debate y reflexión sobre la memoria histórica en España.
Jaime Mascaró Munar
