Las Cortes de Cádiz funcionaron entre 1810 y 1814 y constituyen un elemento decisivo en la Historia de España. Con ellas se inicia la Revolución liberal española “sin que se derramase una gota de sangre”. La única base social para la organización de la opinión pública a principios de siglo XIX en la península eran los grupos periodísticos, las tertulias y las reuniones vespertinas de amigos, lo que revestía de valor a la oratoria y al papel de las clases medias que acabarían convirtiéndose en “reguladoras” de las demás clases. Según José Luis Comellas, con las Cortes y la novísima Constitución de 1812 se inaugura la Historia Contemporánea en España.

Cádiz tenía una posición privilegiada pues debido a su carácter insular fue la única ciudad en la que no entraron los franceses durante la época de la Guerra de la Independencia. Ya desde el Semanario Patriótico, Manuel José Quintana proclamaba la necesidad de unas Cortes para hacer una reforma política que aceptara “la legitimidad del pueblo español para proclamar la voluntad de sus ciudadanos y oponerse a los invasores y aceptar a Fernando VII como rey legítimo” en contra del monarca invasor José I. Es en Cádiz donde se reúne por primera vez la Asamblea y en donde se proclaman las doctrinas que destierran el Antiguo Régimen y dan la bienvenida al Nuevo Régimen. En la península había sectores liberales que querían difuminar las diferencias sociales y poner punto final al régimen feudal y a la distinción entre señor y vasallo. De golpe quedaban abolidos los privilegios obtenidos durante tantos años, pues todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, aunque la nobleza no por ello vio mermada su hacienda y como dueña de latifundios jugará un papel importante en la política y economía. Los realistas siempre habían admitido la posibilidad de reformas pero siempre y cuando no se rompiera la tradición española. Por otro lado la burguesía gaditana era de mentalidad moderna y aceptaba las ideas que circulaban por Europa, ideas propias de la burguesía liberal progresista.

La situación creada en España por la invasión de las tropas napoleónicas repercutiría en el aparato estatal de Cuba. La sociedad española estaba rebosante de vida y de poder de resistencia en cada una de sus partes y el 2 de mayo de 1808 el pueblo no duda en lanzarse a pelear en las calles de Madrid contra las tropas de Napoleón. La insurrección se propaga por todo el país y las juntas provinciales dirigen la resistencia. Pero la Junta Central va a dar muestras de poca eficacia a la hora de luchar contra los invasores. El proyecto de Junta de Gobierno en la isla de Cuba tampoco resulta como esperado y deja en evidencia las contradicciones entre los comerciantes peninsulares y los hacendados criollos que luchan por una mayor participación en el aparato estatal. Según los comerciantes españoles la finalidad de los dueños de las tierras era independizar la isla del poder colonial.

Según Arango los terratenientes criollos de América conservaban su carácter patriótico y hacían profesión de fe de su españolismo: “Somos españoles, no de las perversas clases de que las demás naciones forman sus factorías mercantiles, sino de la parte sana de la honradísima España”. Ello dejó a los españoles de América desarraigados y sin saber a qué atenerse. Al final Someruelos, Capitán general de la isla, acabó presionado por los intereses comerciales y abandonó el proyecto de la Junta Superior de Gobierno.

La burguesía española, liberada de la tutela de la monarquía absoluta en el curso de la lucha contra Napoleón, pretenderá reestructurar el Estado feudal, dándose unas Cortes y una Constitución que sirvan para movilizar al pueblo en torno a un programa revolucionario y evitar por medio de concesiones políticas y económicas la independencia de sus colonias de América. Había que impedir a toda costa la lucha revolucionaria de las colonias y el primer paso era dar representación en las Cortes a las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los diputados que iban a intervenir provenían de las diferentes provincias y tenían una oratoria brillante; sabían hablar en público y convencer. Desde la tribuna se atacaban las relaciones feudales de producción y se debilitaba la base social en que se habían sustentado los monarcas absolutos. La solución de los liberales de Cádiz era la concesión de derechos políticos plenos a los ciudadanos americanos dentro de un imperio unificado; las colonias serían liberadas con la misma Constitución que le daba a España su libertad, pero había que dejar a un lado la ambigüedad y dotar a las disposiciones de precisión. A ello habría que unir en la isla de Cuba las dificultades internas de los gobernantes para asumir los cambios planteados por el nuevo sistema constitucional pues allí más aún pervivían todavía los modos y prácticas del Antiguo Régimen. La autoridad del Capitán General no se cuestionaba; atendía sobre todo a los intereses de la élite de hacendados y comerciantes habaneros.

Los escritores de la isla de  entonces defendían la postura oficial mientras ocurrían los primeros amagos independentistas como la Conspiración de Aponte en 1812. Por otro lado las autoridades eclesiásticas eran de ideas reformistas y pre-liberales y se mostraban favorables al régimen constitucional, pero éste acabó manifestando una elevada desigualdad de representación. Si en España se elegía un diputado por cada 50.000 habitantes en América se elegía un delegado por cada capital colonial.  

El número total de miembros de la Asamblea ascendió a 303, de los cuales 63 provenían de América. Al restringir el número de diputados americanos por miedo a que la opinión americana “anegara “ las cortes ello hacía que en la península no se ganaran a la opinión colonial. Las demandas fundamentales de libertad de comercio y la concesión de cierta autonomía a las colonias –que hubieran evitado la revolución de independencia de América- no fueron atendidas. La política colonial de la burguesía liberal española se asemejaba a la de los monarcas absolutos, pues no accedía a las demandas fundamentales de las colonias que quedaban sometidas a la metrópoli.

En agosto de 1810 fue electo Andrés de Jáuregui como diputado por La Habana. Cuando parte del Puerto de La Habana en 1811 había sido previamente instruido por Arango. Pronto inicia su trabajo en las Cortes, domina la oratoria y no tarda en hablar de la necesidad de libertad de comercio y de abolir el Santo Oficio. Jáuregui quería evitar que en las Cortes se tomase cualquier decisión que afectara la pervivencia de la esclavitud: “Nos exponemos a alterar la paz interior de una de las más preciosas porciones de la España ultramarina”. Jáuregui representaba a la aristocracia insular, no al conjunto de la población isleña y debido a su posición en las Cortes logra diluir el debate sobre la abolición de la esclavitud, que tanto interesaba a la sacarocracia criolla mantener. Los hacendados criollos obtienen un rotundo triunfo en el negocio de la trata de esclavos y él con su papel discursivo ganó prestigio e influencia en el gobierno colonial de la isla.

Hacia septiembre de 1810 surgen dudas sobre el papel de delegado a Cortes y se impone la necesidad de eliminar las diferencias de representación de los españoles americanos a los de la península. También se acuerda que no se resuelva nada sobre el comercio ultramarino sin estar presente el delegado habanero. La aristocracia insular quería tener representación para salir ganadora de los intereses de la élite habanera pero sólo representaba a ese corpúsculo social. En España querían dar voz a múltiples sectores de la sociedad.  El parlamento sería elegido por el pueblo, una decisión que cercenaba los derechos que tenían hasta entonces las clases privilegiadas. A partir de entonces la legitimidad del monarca provendría de la nación y todos los ciudadanos serían “libres e iguales” con ciertos matices, pues la representación de América en las Cortes no iba a ser proporcional a la representación peninsular.

Inés Ceballos