Sin lugar a duda, la desamortización más famosa fue la de Mendizábal. El día 19 de Febrero del año 1836, el entonces primer Ministro de Estado, Guerra, Hacienda y Marina, y banquero, Juan Álvarez de Mendizábal, bajo la Regencia de María Cristina de Borbón, puso en marcha un proceso de expropiación forzosa a los bienes de la Iglesia Católica, con el objetivo de hacer frente a los elevados costes que suponía la guerra contra los carlistas y como último recurso para alimentar las maltrechas arcas públicas del estado español, una vez perdidas las colonias en América. Todos aquellos bienes serían después vendidos en subasta pública para sanear las cuentas del estado.
Posteriormente, en 1855 el ministro de Hacienda era el navarro Pascual Madoz Ibáñez que, como era habitual, se encontró las arcas públicas vacías y también acudiò a otra desamortización. El jueves 3 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid y el 3 de junio la Instrucción para realizarla, la ley que declaraba en venta todos los terrenos rústicos y urbanos pertenecientes al Estado y al clero. Igualmente, la desamortización también afectó a órdenes militares como la de Santiago, Calatrava o Montesa.
En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 35 % pertenecía a la iglesia, el 15 % a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estado ingresó 7 856 000 000 de reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. De tal cantidad, destinada a cubrir el déficit del presupuesto, amortización de deuda pública y ejecución de obras públicas, se detrajeron 30 millones de reales anuales a la restauración de iglesias en España.
El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz, así como con la de 1798, la primera llevada a cabo y conocida, equívocamente, como la desamortización de Godoy. El Príncipe de la Paz, valido de Carlos IV, había sido sustituido por Mariano Luis de Urquijo, verdadero promotor y ejecutor de las tres Ordenes Reales de 25 de septiembre de dicho 1798, en las cuales se detallaban los pasos que debían darse.
Las guerras con Francia, los enfrentamientos con Gran Bretaña y la interrupción de las llegadas de metales preciosos e impuestos de América, debido a los ataques de los buques británicos, habían provocado un déficit presupuestario y una deuda de cifras insoportables. Se trataba de sanear las cuentas gracias a los bienes de los Colegios Mayores, de los jesuitas y de las instituciones benéficas de la Iglesia. Los jesuitas, expulsados por Carlos III, aportaron los bienes que habían quedado a la Hacienda Real, mientras que los pertenecientes a la Iglesia, instituciones benéficas, casas de misericordia y de expósitos, así como obras pías, debían ser indemnizadas con un 3% de su valor, a semejanza de los Colegios Mayores. Tales indemnizaciones debían ser atendidas por la Caja de Amortización. Lo curioso de todo ello fue que el ministro Urquijo solamente desamortizó los terrenos llamados “manos muertas”, es decir, bienes eclesiásticos bajo la protección de la Monarquía, los “políticamente débiles” y los “indefensos”, o sea, hospicios, hospitales, bienes abandonado de los jesuitas , sin que la Iglesia defendiese en modo alguno esos patrimonios.
Vuelto Godoy al poder, a finales de 1800, los fondos por las ventas no las destinó sino a la nueva guerra con Inglaterra en 1803 a 1808, sin que se produjese ingreso alguno en la Caja de Amortización. Su negociación con el papa Pio VII fue fructífera, permitiendo el Santo Padre, mediante un breve pontificio de 12 de diciembre de 1806, que Carlos IV pudiese enajenar la séptima parte de los predios pertenecientes a las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y de otras cualesquiera personas eclesiásticas, incluso de las cuatro Órdenes Militares y la de san Juan de Jerusalén. Ese llamado “séptimo eclesiástico” era una gracia concedida por el papa a fin de apoyar el mantenimiento de las monarquías del Antiguo Régimen en peligro por los ejércitos revolucionarios surgidos en Francia desde 1789.
Esta conocida como “desamortización de Godoy” durante diez años se apropió de una sexta parte de las propiedades rurales y urbanas de la Iglesia o administradas por ella. Aunque es necesario reseñar que toda la red de beneficencia de la iglesia desapareció, sin que la prometida renta anual del 3% llegase a ser atendida, trascurridos pocos años, por una Caja de Amortización completamente agotada.
Para mayor escarnio, Godoy ni tan siquiera logró solucionar los problemas del déficit y de la deuda de la Hacienda Pública. En 1808 los ingresos no llegaban a los 500 millones de reales, mientras que los gastos superaban los 900 millones, a los cuales había que añadir los 200 millones de pago de los intereses de la deuda acumulada. Las Cortes de Cádiz de 1811 escucharon del Ministro de Hacienda de la Regencia, José Canga Argüelles, que los intereses acumulados ascendían a 7.000 millones de reales. En conclusión, ninguna de las amortizaciones alcanzó el objetivo por el cual se promulgaron, sanear las arcas reales, por la sencilla razón de mantener los gobiernos el mismo ritmo de gasto, sin tomar en consideración la fuente de ingresos, inferiores siempre. Es decir, nada nuevo bajo el sol.
Francisco Gilet