Las Cortes de Cádiz y Cuba (y II)

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El 13 de julio de 1812 llegan a La Habana en la goleta Cantábrica los primeros ejemplares de la Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812. La proclamación de “La Pepa” coincide cronológicamente con aquel 19 de marzo de 1808, fecha del Motín de Aranjuez. Cuatro años después de aquello la Constitución fue recibida en la ciudad de La Habana entre aclamaciones de “Viva la Pepa”, en alusión también a un guiño contra el rey intruso José Bonaparte. El nuevo texto constitucional formado por 384 artículos es un texto perfecto y bien construido, pero sobre todo revolucionario pues despoja a la figura del monarca del poder absoluto, contempla los derechos de todos los ciudadanos y sienta las bases del constitucionalismo con ánimo de perdurar “por los siglos de los siglos”.  Se celebraron tedéum y procesiones pues por primera vez se garantizaba en la isla un conjunto tan amplio de libertades.

La Constitución trajo la transformación de los ayuntamientos en organismos electivos y la esperada libertad de imprenta. A ello se unió en la isla el talante moderado del nuevo Capitán general Ruiz de Apodaca. En la isla de Cuba el poder ejecutivo residiría desde ese momento en el jefe político de la provincia que presidía la diputación provincial, a cuya disposición quedaban también sujetos los municipios.

El texto reconocía la igualdad entre los españoles americanos y los españoles peninsulares pues definía a España como “ la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Era la primera ocasión en la que los naturales no eran contemplados  como los habitantes de un país o súbditos de un monarca, sino como un pueblo con conciencia de sí mismo. Se consideraba españoles a todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos. Se establecía el sufragio universal relativo que permitía votar a los varones mayores de 25 años, se dictaminaba la libertad de imprenta y se creaban veinte diputaciones provinciales.

La esperanza de los legisladores gaditanos siempre fue que las posesiones de ultramar se mantuvieran plenamente fieles a los dictámenes de la metrópoli – dado que España estaba siendo gobernada “por leyes justas y benéficas” – y que los americanos disfrutaran de los mismos beneficios que los peninsulares, renunciaran a la idea de autonomía y acataran los principios enunciados en Cádiz. Otra vez se hacía sin embargo una excepción, pues mientras había un diputado de la península por cada 50.000 habitante, en la isla habría solo un diputado por cada capital cabeza de partido,  restando representatividad a los territorios de ultramar.

La Constitución hablaba de españoles de ambos hemisferios, pero excluía a los africanos y sus descendientes de la categoría de ciudadanos: “Quedan fuera los que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África”, algo que sentaría las bases del pensamiento de intelectuales como José Antonio Saco y Domingo del Monte que deseaban que Cuba fuese cubana, esto es blanca, en alusión a sus representantes políticos: “El aumento de la población africana encierra peligros para la raza blanca y para la tranquilidad de la isla” dirá Saco  en intuición premonitoria de lo que luego sucedería. La mayoría de color era indiferente u hostil a las ambiciones políticas de los criollos blancos en las principales ciudades, lo cual incitaría inevitablemente a la rebelión.

La aplicación en Cuba de la Constitución no sería tarea fácil, acostumbrados como estaban los capitanes generales como Someruelos a hacer y deshacer a su antojo al estilo del monarca más absoluto. El Capitán General era el jefe político de la provincia, en él residía el poder ejecutivo delegado de la soberanía de la nación que residía en las Cortes. Hacia julio de 1808 el Cabildo había reconocido a la Junta Central de España frente al vacío de poder causado por la invasión francesa; entonces la isla pasó de ser una colonia a convertirse en una única provincia del Imperio español, aunque los ayuntamientos locales se resistían a la tendencia autoritaria y centralista del gobierno del Capitán general. Estas agrupaciones defendían el interés de las oligarquías locales frente a la intromisión del Gobernador. Era esta una forma de querer hacer persistir la autonomía de la que gozaban los municipios castellanos. La organización del proceso electoral quedó en manos de los representantes de poder colonial criollo de la capital de la isla. Era la Junta preparatoria quien iniciaba el proceso electoral y la que se mantenía cercana al Capitán General. El sistema de representación de carácter popular favorecía a las élites, aunque éstas entendían su posición como un privilegio por sus méritos al servicio de la monarquía, no como el resultado del voto de los ciudadanos.

Juan Bernardo O´Gavan toma asiento en las Cortes gaditanas el 14 de marzo de 1812. Trabaja y vota por las reformas liberales. Estuvo a favor de la supresión del Tribunal de la Inquisición y su consecución fue uno de los grandes logros de las Cortes de Cádiz. Al ser reelegido en 1821 representante a Cortes, O´Gavan defiende la esclavitud y pinta de rosa el estado de los esclavos en Cuba “que viven libres de preocupaciones y cuidados por sus benévolos amos”. En 1832 dirigirá la Sociedad Patriótica y en 1834 como acérrimo absolutista se opone a la creación de la Academia Cubana, iniciativa de José Antonio Saco, que denomina a la Sociedad Patriótica como la madrastra. Esta Academia quería ser independiente de la Sociedad Económica y era un gran paso para la emancipación de la cultura y de la opinión, sobre todo por los jóvenes talentos de ideas progresistas como Saco y Del Monte que veían a su nación afligida por la ignorancia.  O´Gavan logrará la expulsión de Saco pues muchos tras su paso por los Estados Unidos desconfían de su persona y le dan fama de revolucionario a pesar de ser liberal, reformista y en definitiva un hombre moderno.

La isla dependía de los esclavos y Cuba seguiría siendo española y la esclavitud no sería abolida, pues el tráfico de esclavos era de vital importancia para el comercio de la isla en palabras de Francisco Arango y Parreño. Con la expulsión de Saco se inicia un régimen reaccionario, soberbio y siniestro de arbitrariedades y de oposición a toda reforma saludable para la isla, un régimen que conduciría a la Revolución de octubre de 1868.

La Constitución de 1812 se promulgó en la Gran Antilla en junio de 1812 y se derogó dos años después. Al final del periodo constitucional hubo una etapa de reformas económicas en la Península: se suprime la Mesta, se permite cercar las fincas, (lo que favorece la agricultura en detrimento de la ganadería), y se hacen leyes a favor de la industria y el comercio. Las reformas del 1810 a 1814 hacían de España un país liberal, pero el español medio no estaba bien informado. El pueblo español no entendía las ideas liberales ni estaba preparado para recibirlas, o las consideraba opuestas a sus principios tradicionales. En muchas ciudades y villas la nueva Constitución fue recibida con disgusto o repugnancia y horror. No querían la réplica del modelo francés tras la guerra de la Independencia, pues eran muchos los que habían luchado contra la política que quería implantar el rey intruso José Bonaparte.

En 1814 al ser derrotado el ejército invasor de Napoleón le fue devuelta la libertad a Fernando VII. La primera medida que tomó fue derogar la Constitución y suprimir las Cortes.

En julio de 1814 dos años después de su promulgación atraca en el puerto de la Habana un buque con el decreto del 4 de mayo que pone fin a la Constitución. Fernando VII, más conocido como “El Deseado” tras la firma del Manifiesto de los Persas – que desea una vuelta a la Constitución tradicional – ha suprimido la Constitución de 1812 y pone fin a todos los avances liberales que habían presentado las Cortes. Estas Cortes han actuado bastante aisladas en Cádiz del resto de España y apenas han tenido contacto con el pueblo, por lo que muchas de las “leyes justas y benéficas”, esto es, medidas revolucionarias no habían podido ser aplicadas. Las provincias españolas aprovecharon la situación difícil por la que atravesaba  España debido a la invasión francesa e iniciaron por su parte un movimiento separatista.

La restauración de la monarquía absolutista es celebrada con algarabía y fiestas populares en la isla. Se vuelve a la monarquía tradicional y Fernando espera recuperar el imperio americano. Aquellos años de gobierno constitucional en los cuales la soberanía residía en la Nación habían probado con bastante acierto la capacidad de las élites insulares de intervenir en los asuntos de la isla. La realidad era que las provincias americanas estaban pobladas por 13 millones de personas y representadas por apenas 30 diputados, mientras los peninsulares eran 10 millones representados por 70 diputados, por lo que las Cortes con esas cuotas de representatividad nunca satisfarían las demandas de los criollos.

Algunos afirmaban que los cubanos capacitados, “hacendados y hacendosos” sabían aprovecharse entonces de la debilidad de la metrópoli, como luego harían los intelectuales del círculo delmontino. Había una excepción y era que los diputados insulares representaban los intereses de la oligarquía criolla cercana a los capitanes generales y no los del pueblo cubano. En cambio el matiz en la Constitución de Cádiz había sido claro: “Las cortes representaban al pueblo español y había un elenco de diputados que eran catedráticos, militares, abogados, funcionarios, propietarios, marinos, escritores, maestrantes, médicos…”. Al comienzo llegaron a Cádiz más de 90 párrocos, curas urbanos de clase media, lo que creó un ambiente favorable para discutir al que luego se unió aquella muestra representativa de la clase media española culta y animada por inquietudes varias. Para la primera sesión de 24 de septiembre de 1810 serían 95 diputados procedentes de las distintas provincias, un número que irá en aumento hasta los 220.

Las Cortes de Cádiz fueron un efímero ensayo de las libertades que vendrían, pero sí  resultaron decisivas en el modo en que cambiaron la cultura política de la isla. No en vano la cátedra que impartía Félix Varela en el seminario de San Carlos y San Ambrosio pasó a llamarse Cátedra de la Libertad. Los hacendados criollos tuvieron desde entonces mayor participación en el poder colonial, defendieron sus proyectos de reforma y el monarca español decidió lanzarse a la reconquista de las colonias de América desde la isla de Cuba. El rey concedió a los hacendados muchas demandas reformistas que habían ido solicitando y reforzó su autoridad en el estado colonial como fue el desestanco del tabaco, la libertad de comercio, la consolidación de la propiedad y la creación de un plan para fomentar la inmigración blanca.

La Constitución en Cuba tuvo vigencia hasta marzo de 1814 y posteriormente de 1820 a 1823 – Trienio Liberal – cuando se produjo el pronunciamiento de Riego y el ejército obliga al Capitán general Cagigal a firmar la Constitución, pues la juventud cubana admiraba al jefe del pronunciamiento. Este texto chocaba con los sentimientos de independencia que se iban extendiendo entre los cubanos y fueron años en los que penetraron corrientes revolucionarias y se fundaron en la isla numerosas logias masónicas. El restablecimiento del régimen constitucional sirvió a los comerciantes como oportunidad para organizar una serie de motines en toda la isla y encontrar acomodo en la intelectualidad criolla partidaria de libertades constitucionales.

Caído el régimen constitucional de 1823 y ante el avance de los movimientos independentistas se expide el decreto de facultades omnímodas de los capitanes generales, semejantes en poderes a los de los Jefes de plazas sitiadas.  También de 1836 a 1837 cuando se niega representación a los diputados a Cortes de Cuba y Puerto Rico, entre los que se encontraba José Antonio Saco.

La exclusión de representación ultramarina le confiere un carácter nuevo al problema político de Cuba y a las relaciones entre la isla y su metrópoli. Muchos como Saco habían puesto sus esperanzas en las reformas que la restauración liberal iniciaba de nuevo en 1834, y se encontraron ante la mera promesa de leyes especiales que jamás llegaron a redactarse. La metrópoli había  de conceder libertades a los cubanos antes de que fuesen demasiado lejos las presiones provenientes de Londres y Washington.

Muchos de los principios constitucionales de 1812 serían desarrollados a lo largo del siglo. El texto original – aun con sus limitaciones – fue crucial para el desarrollo del constitucionalismo hispanoamericano. El poder dejaría de ser con el tiempo un privilegio de la persona para convertirse en el resultado del voto popular de los ciudadanos y aquello fue la verdadera revolución, la idea de que “el poder reside en el pueblo .

La isla de Cuba fue utilizada por Fernando VII como base de la reconquista y el sector mas conservador de los hacendados recuperó su influencia. En 1825 creará la Comisión Militar Ejecutiva Permanente, un tribunal militar para castigar con mano de hierro cualquier conspiración. Todo ello generó un fuerte movimiento de repulsa en las clases medias de la isla de Cuba, acentuó la idea de reformas y produjo que el afán de restaurar el poder colonial en las Américas se debilitara. Femando VII perderá toda posibilidad de ser ayudado por Francia, y la isla de Cuba con el paso del tiempo acabará por “no pertenecer a nadie, sino a sí misma”.

Inés Ceballos

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