Como consecuencia de la invasión musulmana en el año 711, la nobleza española quedó desvinculada de sus antecesores visigodos e hispanoramanos e incluso de la nobleza de influenza carolingia en las zonas orientales. La invasión cortó la continuidad patrimonial, de tal modo que tuvo que establecer sus bases territoriales y sociales.
Las familias nobiliarias se encuentran en un proceso de acumulación de propiedades: los Gutier, los Arias Menéndez o los condes de Présaras extienden su patrimonio por Galicia, de igual forma ocurre con las grandes fortunas de Pamplona. La nobleza asume el papel protagonista en la repoblación, así sucede en el ámbito leonés con nobles como Nuño Núñez, Gonzalo Fernández, Gonzalo Téllez o Vela Giménez. Se producen modificaciones claras en el patrimonio, como ejemplo tenemos al vizconde de Osona que a su patrimonio suma grandes extensiones en la frontera. Por este motivo, en el año 1000, se presenta como vizconde de Cardona que ni si quiera formaba parte de su condado de procedencia.
Esta dinámica desemboca en la consolidación de la patrimonialización. El conde nombra con aparente libertad a su vizconde, y así sucede en 941 cuando el conde de Urgel eleva a vizconde al que hasta ese momento era su sayón (oficial de la administración de justicia). La consolidación de las casas vizcondales provocará que los cargos se conviertan en hereditarios y los bienes recibidos se integrarán en el patrimonio familiar. De esta manera, se crean grandes familias nobiliarias que se podrán emparentar, e incluso enfrentar, con el conde. Del mismo modo, sucede con el valle de San Juan de las Abadesas que había sido donado por el conde Wifredo I al monasterio allí asentado; desde ese momento los habitantes debían entregar los bienes a la comunidad monástica, bienes que anteriormente entregaban al conde.
En León, y en la primera mitad del siglo X, el rey designa para su representación condal a familias, así, los Flaínez controlarán las zonas del Alto y Medio Esla y los Beni Gómez harán lo propio con Saldaña-Carrión, Monzón o Castilla. El estamento nobiliario va creciendo en autonomía y por esto, irá adquiriendo mayor capacidad de intervención en la jurisdicción, la fiscalidad, el orden público y las actuaciones militares y diplomáticas. Esto se hará evidente en tierras leonesas durante la segunda mitad del siglo X. Esta posición se reflejará en el trato que les ofrecerán los califas, que tratan con embajadores condales. Así hará Al-Hakam II en 971 al recibir al representante de García Fernández como “señor de Castilla y de Álava”. Valorarán su poder hasta el punto de describir el gobierno de Galicia, en 1005, como un condominio entre el conde y el rey.
El reino de Pamplona está lejos de vivir la realidad leonesa, porque el monarca tiene la titularidad de los distritos castrales en los que no participa la aristocracia.
Aun así, el siglo X sirvió para construir y consolidar los patrimonios aristocráticos. Las modificaciones del territorio y de la sociedad provocarán una renovación de la nobleza, como el ascenso de los castellanos -que son quienes asuman la custodia y el mantenimiento de los castillos- que generará una nueva vía de ascenso a la base nobiliaria. De forma paralela, en el reino de León, la distinción entre magnates e infanzones aumenta en la frontera del Duero; los infanzones locales se convertirán en caballeros villanos y, desde finales del siglo X, ejercerán de representantes vecinales frente al rey y el conde.
La diversificación de la nobleza reclamará un nuevo reparto del poder. Los monarcas deberán encontrar un modelo de relación que tenga en cuenta el aumento de Señores en la sociedad. El conde Borrel II de Barcelona asume esta realidad cuando, a finales del siglo X, distingue entre vicecomites et seniores.
José Carlos Sacristán