La Leyenda Negra antiespañola carga sus tintas contra la Inquisición española, olvidando que el Santo Oficio fue creado en Roma y que de las distintas inquisiciones que fueron surgiendo por Europa, precisamente la española fue la más clemente. Uno de los casos más emblemáticos, que desmienten esa mitificación negro legendaria, es el proceso inquisitorial contra las “brujas” de la localidad navarra de Zugarramurdi, cercana a la frontera con Francia.

El 7 de noviembre de 1610 y tras un Auto de Fe de la Inquisición, seis personas fueron quemadas vivas acusadas de brujería, y otras veinte fueron “reconciliadas”, tras admitir sus culpas. Este fue el triste balance de un proceso que, en realidad, arrancó al otro lado de la frontera, en Francia, donde la Inquisición gala, mucho más expedita y en un ambiente de histeria colectivo, mandó a la hoguera a 80 supuestas brujas.

Esa histeria llegó desde la localidad francesa de Labort, foco inicial de la historia, cuando una criada francesa, huyendo de la quema – nunca mejor dicho – llegó a Zugarramurdi. Buscando notoriedad, acusó a una vecina de brujería, quien a su vez, sometida a presiones, acusó a otras. El asunto no pasó a mayores, pues los presuntos culpables confesaron sus culpas en la iglesia y el pueblo entero les perdonó.

Sin embargo, la cosa se complicó cuando llegó al Tribunal de la Inquisición de Logroño, donde dos inquisidores, particularmente sensibles a todo lo relacionado con la brujería, tomaron cartas en el asunto, mandando encarcelar a cuatro mujeres. Al final, se llegó a denunciar hasta a 300 personas, aunque sólo serían procesadas 40.

El proceso estuvo plagado de irregularidades, con mujeres que se auto inculpaban sólo para que las dejaran volver a casa, o porque se lo habían oído al vicario aunque no sabían muy bien de qué clase de crímenes se hablaba, o simplemente, porque no se tuvieron en cuenta testimonios exculpatorios de las acusadas, ya que se pronunciaron en vascuence, única lengua que conocían.

El gran antropólogo , Julio Caro Baroja, gran conocedor de la brujería española en general, y particular estudioso del caso de Zugarramurdi, ofrece una guía esclarecedora del proceso, en el que vino a poner orden Alonso de Salazar, encomendado por el Consejo Supremo de la Inquisición.

Ya el propio obispo de Pamplona había advertido que no había caso en Zugarramurdi y que todo obedecía a supersticiones, pero nadie le hizo caso. Salazar sí se hizo oír, aunque, desgraciadamente, para las seis mujeres ajusticiadas fue tarde. Elaboró un exhaustivo informe, tras meses de trabajo, denunciando la incompetencia de sus colegas de Logroño, lo ridículo de las acusaciones y los métodos de coacción y amenazas empleados.

En 1614, el Supremo Tribunal de la Inquisición, basándose en el informe de Alonso de Salazar, que sentó jurisprudencia sobre los temas relacionados con la brujería, emitió su veredicto, y trató de reparar a las víctimas.

De hecho, cuando las autoridades civiles apelen en el futuro a la Inquisición, como en 1621, cuando las Juntas de Guipúzcoa lo hicieron en los supuestos casos de brujería en Azpeitia, o en Fuenterrabía o en distintas localidades de Vizcaya, el Tribunal apelará al sentido común desentendiéndose de todos los casos.

Desde entonces, la brujería prácticamente se extinguió en España, lo que explicaría que, entre 1540 y 1700, cuando en Europa hubo más de 60.000 ejecuciones de brujas en la hoguera, en nuestro país, apenas hubo durante ese tiempo 59 ejecuciones. Alonso de Salazar, con su informe, fue un adelantado de su tiempo, aunque sería otro investigador católico, el jesuita Friedrich von Spee, quien se llevaría el mérito. Dos décadas más tarde, con su Cautio Criminalis, cuestionaría los abusos cometidos contra los acusados de brujería, logrando así abolir las quemas de brujas en la ciudad de Maguncia, y pasando a la historia como un héroe de los derechos humanos.

Jesús Caraballo