Cuando hablamos de crímenes, la guerra de cifras de asesinatos puede dar el número que se desee, pero lo único cierto es que el dato mata el relato, y el dato científico señala que solamente los asesinatos debidamente investigados alcanzan la cifra de 85.940. A partir de ahí, la novela puede incrementar o reducir las cifras a su gusto.

Lo que podemos calificar de genocidio, se centró en el segundo semestre de 1936. Fuera de ese periodo, y en comparación con  lo acaecido, los muchos asesinatos cometidos podemos considerarlos como esporádicos.

Pero los actos de persecución religiosa, similares a los llevados a cabo a lo largo del siglo XIX,  comenzaron en 1931, cuando  en mayo fueron asaltados muchos conventos de religiosos en toda España, como los madrileños de las Maravillas, de las Mercedes, de los Padres Carmelitas de la Plaza de España o el de los Sagrados Corazones de la calle del Tutor.

En enero de 1932, el Gobierno de la República ordena la disolución de la Compañía de Jesús y se incauta de sus bienes ; la Casa Profesa de Isabel la Católica, la Iglesia de la calle de la Flor, el Colegio de Areneros y otros varios templos y edificios de la Compañía de Jesús habían sido con anterioridad arruinados por los incendios o asaltados por las turbas.

Esa medida era del todo legal, ya que se atenía a la Regla 1ª del artículo 26 de la Constitución, que autorizaba al gobierno  la disolución de las Órdenes Religiosas que por sus actividades constituyeran un peligro para la seguridad del Estado. Y era el gobierno quién calificaba la situación de peligro.

El 10 de enero de 1933, las fuerzas represivas del gobierno se enfrentaban en Casas Viejas, en Cádiz, a una revuelta anarquista de la que resultaron muertos veintiocho campesinos, dos guardias civiles y uno de asalto.

El jefe de la fuerza pública sería juzgado, siendo que el 13 de marzo de 1933,  se determinaba que el mismo había actuado obedeciendo órdenes superiores, lo que acabó provocando acusación formal contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y demás miembros del Gobierno. Pero la denuncia, presentada ante  el Tribunal de Garantías Constitucionales, no prosperó por no haber sido presentada por el Parlamento, única entidad facultada, según la legislación republicana para acusar a los Ministros.

La intranquilidad social fue permanente, siendo objetivo principal las instalaciones y las personas relacionadas en cualquier intensidad con los principios de la Iglesia Católica, que sufrió una persecución manifiesta entre los años 1933 y 1939.

Fueron totalmente destruidos 800 templos en Valencia, 354 en Asturias, 48 en Tarragona, 42 en Santander 40 en Barcelona y 30 en Madrid. Parcialmente destruidos fueron, en Almería, Barbastro, Ciudad Real, Ibiza, Segorbe, Tortosa,  todos; En Valencia más de 1.500; en Gerona más de 1.000; en la comarca de Vic más de 500; En Barcelona todos menos 10; en Cuenca todos menos tres; En Madrid, Cartagena, Orihuela, Santander, Toledo y Jaén, casi todos; en Solsona y su comarca 325.

Algunas categorías sociales fueron consideradas acreedoras a la pena de muerte. Entre ellas, las más significativas fueron las persecuciones contra los religiosos, los falangistas y los carlistas, pero tampoco se libraban de la pena de muerte los demócratas que no fuesen de izquierdas  e incluso a muchos afiliados a partidos republicanos de los no incorporados al Frente Popular.

Muchas familias fueron asesinadas en su totalidad; otras vieron cómo eran asesinados todos los varones de la misma. Y las mujeres que se libraban de la muerte eran sometidas a todo tipo de vejaciones, viéndose obligadas en ocasiones a alimentar las hogueras con las imágenes religiosas y enseres que pudiesen sucumbir a la acción del fuego.

El día 13 de febrero de 1936, en Madrid, fue saqueada e incendiada la Iglesia de San Luis, de la cual apenas pudieron salvarse algunos vasos sagrados y la Iglesia de San Ignacio. Pero ese sólo sería el inicio, porque los saqueos, destrucciones e incendios llegarían a los más recónditos lugares de la geografía nacional.

Para hacerse cargo de esa situación, hoy pueden verse los resultados de ese vandalismo en multitud de iglesias de centenares de pueblos de España, y para muestra, un botón, el de Gascueña, en la provincia de Cuenca, un pueblo que hoy tiene 100 habitantes, donde las hordas marxistas destruyeron un órgano que era el orgullo del templo y hoy está completamente destrozado; los relieves del púlpito, decapitados; las imágenes fueron quemadas. A Dios gracias no fue quemado el templo y hoy pueden contemplarse esas huellas.

El Ejército rojo se nutrió de las milicias marxistas unificadas (socialdemócratas y comunistas), que a partir del 16 de Febrero de 1936 extorsionaban a todos obligando a entregar cantidades de dinero en favor del Socorro Rojo Internacional. Apostados en las carreteras perfectamente uniformados y disciplinados militarmente,  cacheaban a los ciudadanos, y durante el período prerrevolucionario desfilaron  en la manifestación de primero de mayo a pesar de que el gobierno había decretado  «que no se permitiría ninguna clase de milicias de carácter político uniformadas, y mucho menos su exhibición por la vía pública».

El total de asesinatos cometidos en las personas de los Ministros de la religión católica o profesos religiosos por el Frente Popular, en lo que fue zona roja, asciende a siete mil novecientos treinta v siete, entre ellos 13 Obispos, 5255 sacerdotes, y  2.669  religiosos , correspondiendo a Madrid mil ciento cincuenta y ocho (de los cuales ciento once son religiosas asesinadas en la capital), y a Barcelona un total de mil doscientas quince ; en Valencia, setecientas cinco; en Lérida, trescientas sesenta y seis; en Tarragona, doscientas cincuenta y nueve, y el resto en las demás provincias sometidas al terror marxista .

Julio de Mora, jefe de la «checa» de la Agrupación Socialista Madrileña, fue nombrado por el Ministro socialista Francisco Largo Caballero, en febrero de 1937, Inspector del Ministerio de la Guerra, con la graduación de Coronel y, más tarde, Presidente de la Comisión Depuradora del Cuerpo de Asalto y jefe del Departamento Especial de Información del Estado (D. E. D. I. D. E.) de Madrid, hasta el 26 de marzo de 1938, en que dicho servicio fue disuelto e incorporado al S. I. M.

El  16 de febrero de 1936 se llevó a cabo unas elecciones que fueron inmediatamente señaladas como fraudulentas, en las que se forzó el triunfo del Frente Popular, con cuyo hecho se renovarían los atentados contra la Iglesia, que si se extendieron por toda España, tuvieron una primera muestra en el incendio de la Parroquia del Salvador.

Portela Valladares, personaje liberal y anodino dio lugar a la formación del gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña. El  jueves 19 de Febrero de 1936, el periódico Ahora, adicto al nuevo gobierno, sinb embargo publicó el siguiente comentario:: «Precipitadamente se ha formado el nuevo Gobierno. El temor a que las masas, entusiasmadas con el triunfo electoral, se lanzasen a la calle a imponer su voluntad antes de que el nuevo estado de cosas tuviese un aparato gubernamental adecuado, ha hecho que, sin esperar más trámites, que acaso no hubieran sido ociosos, se entregue el Poder al señor Azaña. Desde anoche, a las nueve, gobierna en España el Frente Popular».

Este Gobierno preside, como juez y parte, empleando los resortes del Poder para ejercer toda clase de violencias, la segunda vuelta de las elecciones, haciéndose cargo con esta actuación de los resultados de la primera vuelta, que maquilla convenientemente para obtener el triunfo.

En ese maquillaje, acaban anulando las elecciones correspondientes a las provincias de Cuenca y de Granada, donde la derrota del frente popular había resultado aplastante y había hecho imposible cualquier tipo de maquillaje. La única solución factible era anular esas elecciones por decreto gubernamental; algo que sin problema fue aprobado por el parlamento.

Cesáreo Jarabo

BIBLIOGRAFÍA: Causa general. En Internet https://www.causageneral.org