A partir de finales del siglo XVIII, la política de España estuvo hipotecada en manos del gobierno francés y, preferentemente, inglés. Este hecho supuso una dependencia total de París y Londres.

Las relaciones comerciales entre España e Inglaterra se desarrollaron durante todo el siglo XIX bajo el signo de las presiones agresivas de esta última para conseguir tratados comerciales y liberación arancelaria (Nadal: 188)

En este contexto, el 18 de octubre de 1830, y animado por la revolución del mes de julio en Francia, se produjo el pronunciamiento del general Francisco Espoz y Mina, gestado en Francia y en Inglaterra, y que fracasó a manos del general Llauder.

Tres años más tarde, en 1833, el embajador británico en Madrid, Jorge Villiers, realizaría una función esencial en la defensa de los intereses británicos:

Las razones aparecen claras: por una parte, el acceso de la burguesía liberal al poder y concretamente de ministros dispuestos a realizar concesiones a Gran Bretaña, y por otra la creciente influencia de la diplomacia británica en la política española sobre todo en función de la guerra carlista que obligó al gobierno español a obtener ayuda y crédito de Londres. (Nadal: 191)

Crédito que según todos los indicios era concedido por el enorme potencial económico británico procedente del expolio llevado a cabo en los virreinatos españoles de América, de donde, tras la separación transportaron a Londres oro y plata por un valor que al cambio de 2020 no era inferior a los dos billones de euros. No obstante, en estos momentos, el gabinete de Cea Bermúdez defendía la causa de D. Miguel en Portugal, mientras Inglaterra apoyaba la causa de María de la Gloria, motivo por el cual,

Gran Bretaña interviene en el pleito portugués con tal decisión que, sin participar abiertamente en la guerra contra don Miguel, hace entender a Cea Bermúdez que su política portuguesa estaba llamada al fracaso, pues estaba dispuesto a utilizar la bayoneta, una vez comprobada la ineficacia de la pluma. (Rodríguez 1985: 54)

Finalmente, la política británica consiguió que Cea Bermúdez se apartase del apoyo a don Miguel, y a finales de agosto de 1833, el embajador británico, Addington, pudo señalar que la política de España estaba distanciándose de don Miguel.

En el asunto no andaba lejos Juan Álvarez Mendizábal, quien en su estancia en Londres supo coordinar las aspiraciones de los británicos con las de don Pedro, quien organizó la campaña a las órdenes de Inglaterra. Así lo reconoce la misma reina María de la Gloria en carta remitida a Mendizábal el 17 de agosto de 1835, por la que le concede la gran Cruz de la orden de la Torre y Espada, en la que dice:

Considerando que a vuestros incansables esfuerzos, a vuestro talento y celo por el restablecimiento de la carta constitucional para el bien de esta nación, se debe en muy gran parte al apresto de la escuadra y de la expedición que salió de los puertos de Inglaterra, que se reunió en Belle-Ille y de allí partió capitaneada por mi augusto padre, de feliz memoria… (Pirala 1868, II: 270)

Mientras tanto, y en relación con la guerra dinástica que estaba asolando España, la actuación de las potencias europeas, como no podía esperarse menos, era ambivalente. Lo que resulta curioso es comprobar que esa actuación es comprendida y aplaudida por las propias víctimas, como se hacía en aquellos mismos momentos, tal vez, por algún agente británico que, son siempre quienes encuentran justificación a las acciones llevadas a cabo contra España.

En ese orden, F. Cabello señala que:

Los comerciantes ingleses y franceses, se dice, vendían armas y vestuarios a los Carlistas y a los liberales. Sus Gobiernos debieron castigarlos; de otro modo, probaban, con su conducta, que lo que querían era esquilmar a los combatientes, fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar, que el estado floreciente de esas Naciones se debe, más que a todo, a la libertad de su comercio, y a la seguridad que tienen los fabricantes de que nunca, ni por nadie les será impedida la venta de sus productos; y que por muy amigos nuestros que fueran esos Gobiernos, lo eran más de sus súbditos, cuya felicidad debían procurar, como la procuraríamos los españoles, y como la procuran todos los hombres amantes de su patria. Pensar que los ingleses y franceses habían de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses, es una tontería; decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse de leales aliados, es una ingratitud ¡Ojalá que nunca necesitemos mediación de extranjeros para arreglar o transigir nuestras disensiones interiores, si por desgracia las tenemos! Pero ojalá, también, que si la llegamos a necesitar, la hallemos siempre tan cordial como nos la han prestado en la pasada guerra las tres Naciones que contrataron con España la Cuádruple Alianza. (Cabello 1846, II: 214)

El once de enero de 1834, Cea Bermúdez dejaba en claro su dependencia:

Nos pondremos en manos de Inglaterra – decía a Villiers – para que nos garantice que Portugal se mantendría en términos de buena vecindad con nosotros en el futuro; y por lo que se refiere al presente, consideramos la llegada de tropas británicas a Portugal como la salvación de la península de una cadena sin fin de desastres. (Rodríguez 1985: 55)

Paralelamente, por este tiempo habían sido creadas juntas independientes en Cataluña, Valencia, Zaragoza, Andalucía… cuya primera misión era exterminar a los religiosos y crear constantes desmanes. La descomposición de lo que quedaba de España.

Se tiene noticia de la existencia de las Juntas de Pamplona, Valencia, Murcia, Málaga, Hellín, Granada, Sevilla, Carmona, Cartagena, Córdoba, Bujalance, Gibraltar, Lisboa, Bayona, Manzanares o de la Mancha, y de las Comisiones de La Coruña, Santiago, Bilbao, Asturias, Salamanca, Ledesma, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Peñas de San Pedro, Badajoz, Alicante, Cartagena (puede ser la junta anteriormente citada), Murcia, Jaén, Manzanares, Granada, Málaga, Valencia, Ciudad Rodrigo, Pamplona, La Roda, Quintanar de la Orden, Belmonte, Sevilla. La conspiración se extiende por todos los puntos de la geografía peninsular. (Gil 1984: 286)

Casualmente, todas las juntas dependían de la “General de Emigrados de Londres”.

Representaba en el exilio de Londres el intento de unión de masones, comuneros y carbonarios, según una especie de Constitución publicada en 1826 con el título de «Sistema adoptado para instalación y progresos de la gran fortaleza peninsular de españoles emigrados. Al oriente de Madrid». (Gil 1984: 290)

Y cumplían la función que les había sido asignada por Inglaterra, que no era otra que la de consagrar la situación creada tras la batalla de Ayacucho, reafirmando la fragmentación de la España americana en los trozos que, para su dominio, consideraba oportuno la Pérfida Albión;

La Junta adopta también otra importante decisión: la de buscar el  apoyo de los nuevos países hispanoamericanos, ofreciendo a cambio el reconocimiento de la independencia. (Gil 1984: 293)

En ese orden de cosas, y como consecuencia del conflicto sucesorio de Portugal, el 22 de abril de 1834 se procedía a la firma del Tratado de Cuádruple Alianza que sería ratificado el 31 de mayo, por el que en su artículo segundo se obligaba España a enviar tropas a Portugal para combatir a don Miguel, mientras Inglaterra, por el artículo tercero se comprometía a prestar apoyo naval al operativo. Todo, para mayor gloria de Inglaterra.

El tratado de la Cuádruple Alianza llevaría anexo un tratado con Inglaterra por el que se facilitaba a los fenicios del mar del Norte la introducción en España de sus manufacturas de algodón, objetivo que todavía no habían conseguido. También traía anexo un empréstito, también británico, por supuesto, garantizado por las rentas de aduanas de España, que de hecho se trasladaban a Londres. (Pirala 1868, II: 202)

Las mismas ofertas hacía Londres al pretendiente D. Carlos, a quién le aconsejó acceder a la independencia de los territorios que dominaba, para lo que ofrecía su colaboración, independientemente del tratado de la Cuádruple Alianza que tenían firmado.

Finalmente, Inglaterra aportó la legión británica, que tuvo una triste actuación, y por la cual, el gobierno títere pagó doscientos millones de reales; Francia aportó a la causa liberal la legión francesa, y Portugal la legión portuguesa.

La mayor parte de los componentes de la legión francesa eran alemanes, de las provincias renanas y de Suabia, y la legión inglesa se componía de gentes incapaces para el servicio. Era la escoria de las calles de Londres; apenas sabían manejar sus armas y era preciso embriagarlos para hacerles entrar en fuego. Al respecto,

Inglaterra se prestaba a todo, pero era a costa de nuestra naciente industria.

El coste que supuso para España el mantenimiento de la legión puede estimarse en algo más de 200 millones de reales, cantidad en teoría muy superior al valor de los servicios prestados, ya que con ella el gobierno español podría haber equipado cuerpos más eficaces, pero su contribución convenía a los liberales por ser la prueba más palpable del apoyo que recibían de Inglaterra. (Bullón 2002: 621)

Ya en 1835, Agustín Argüelles fue impuesto como ministro por Gran Bretaña, de cuyo ascenso se preocupó el ministro británico Villiers.

Según la historiografía, el nombramiento de Mendizábal fue fruto de los consejos del embajador inglés Villiers a María Cristina, por considerar que era «la única persona de este país que goza de la total confianza de los mercados financieros extranjeros, cosa absolutamente indispensable para enfrentar la presente crisis financiera. (López Morell: 605)

El 7 de septiembre de 1835 hacía su entrada Mendizábal en Madrid. Junto a sus soluciones económicas, Mendizábal aportó ayuda militar inglesa para perpetuar la guerra civil mantenida por Isabel contra su tío Carlos. Mientras, en la Cámara de los Comunes de Londres, en sesión parlamentaria del 5 de agosto de 1836, lord Palmerston reiteró la firme resolución del gobierno inglés de sostener a todo trance la causa isabelina y mantenerse fiel al tratado de la Cuádruple Alianza.

Pero no se limitaban a esas actuaciones las políticas desarrolladas por Inglaterra, que llegaron a proponer al pretendiente Carlos V, como ya queda señalado, la creación de un estado independiente que comprendiese las Provincias Vascongadas y Navarra, ante la negativa dada por el lado carlista.

Una tentativa que dejaba al descubierto, una vez más, las verdaderas intenciones  británicas, que, una vez más, eran suavizadas por sus agentes masónicos, enquistados en todos los ámbitos de la sociedad española; así, José Segundo Flórez, de la logia Igualdad, exoneraba a los ingleses asegurando que;

no consiguieron la proyectada independencia del país vasco-navarro, ni las aduanas en el Ebro, ni menos la introducción de los algodones ingleses en España, según fue propuesto por una comisión, no del gobierno británico sino de individuos del comercio de aquella nación, que pasó al campo carlista a ofrecer al Pretendiente su apoyo, halagándolo con el fin de que accediese a su demanda. (Flórez 1845 tomo III: 24)

Por su parte, los agentes británicos en España cumplían fielmente con su misión, poniendo como ejemplo a Inglaterra, siempre y en todo lugar, como foco de todos los bienes. Así, el diario El Español, ensuciando el gentilicio, definía a Inglaterra no como crisol de la piratería y el genocidio (que por cierto estaba llevando a cabo en esos momentos en su propia población, a la que expedía a Australia y a Nueva Zelanda como ganado al matadero), sino como antigua cuna y escudo de la libertad del mundo.

Lógicamente, si la prensa se mostraba como fiel vasallo de Inglaterra, los partidos políticos no quedaban atrás

Las rivalidades de los partidos españoles habían llegado hasta los gabinetes extranjeros, y la Inglaterra y la Francia eran el apoyo de los exaltados o moderados. La poderosa Albión contaba preponderar con los primeros; nuestra vecina con los segundos; de aquí su intervención en nuestras cuestiones; de aquí la abdicación de nuestra nacionalidad, abdicación vergonzosa y que por esto sólo hace dignos a los partidos de la eterna censura de la historia. (Pirala 1868 III: 284)

Con esta situación, no es de extrañar que, en 1837, fuese Villiers, el embajador británico quién impusiese a Mendizábal como ministro de Hacienda, ya que se encontraba

Dotado de tantas y tan brillantes cualidades para un momento de crisis como el presente, gozando como gozaba de gran reputación en el extranjero (Rodríguez 1985: 62).

Cesáreo Jarabo