Castilblanco es un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, perteneciente a la comarca denominada La Siberia Extremeña. En la actualidad tiene una población que no alcanza los 1.000 habitantes, aunque en el año de 1931 sobrepasaba los tres mil. Pues bien, en esta localidad se desarrollaron unos luctuosos sucesos, en el mes de diciembre del referido año, que tuvieron una gran trascendencia en el devenir de nuestra desgraciada Segunda República.

          En el mes de abril, tras unas elecciones municipales ganadas por las candidaturas monárquicas, es proclamada la República por el democrático procedimiento de “echarse a la calle”. Durante los días 11, 12 y 13 de mayo, se saquean e incendian iglesias y conventos por toda España. Junio contempla unas elecciones constituyentes, a las que la derecha, totalmente desconcertada, desorientada y acobardada, no concurre. A primeros de diciembre es aprobada la Constitución más sectaria de nuestra Historia.

          En este contexto y con estos antecedentes, el sindicato agrario FNTT (Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra), perteneciente a la UGT, venía animando a la población del campo a movilizarse y manifestarse en Andalucía y Extremadura, tras la ratificación y como celebración de la nueva Constitución. Por otro lado, la diputada por Badajoz, Margarita Nelken, militante en aquel entonces en el PSOE, no sólo alentaba con sus incendiarios discursos las protestas de los campesinos, sino que incitaba a la violencia contra la Guardia Civil. Ésta era un obstáculo, según Nelken, para la distribución de la tierra en el medio rural.

          Con esta atmósfera explosiva, el 20 de diciembre, la FNTT convoca una manifestación frente al Ayuntamiento de Castilblanco. En aquellas fechas, como reconocen distintos historiadores, la localidad no tenía jornaleros, los habitantes eran mayoritariamente pequeños propietarios. La manifestación fue disuelta pacíficamente, al carecer del debido permiso, por la Benemérita. En vista de la situación, el sindicato decidió convocar una huelga general de dos días, con el fin de conseguir el traslado del jefe local de la Guardia Civil, al cual se acusaba de apoyar a los propietarios y caciques. Tras el paro general, la FNTT volvió a convocar una manifestación para el día 30 de diciembre. Esta vez, aunque sin autorización del alcalde, se celebró la protesta sin incidentes con la asistencia de unas 300 personas. El ambiente se caldeaba más y más.

          En la mañana del 31 de diciembre, no contentos con la demostración del día anterior, 500 vecinos se concentran delante de la Casa del Pueblo, con la intención de marchar hasta el Ayuntamiento. El alcalde, Felipe Mangano López, da la orden al cabo José Blanco Fernández que disuelva la manifestación. Éste cumpliendo su deber de defensa de la Ley, acude con tres números. La Benemérita intenta, en un primer momento, que la muchedumbre se retire a sus casas de forma apaciguada. Desafortunadamente, no consiguen su propósito. La situación explota y se produce la masacre de los cuatro guardias civiles, que son físicamente destrozados, y la muerte por disparo de un vecino.

          Las cinco víctimas fueron: José Blanco Fernández (cabo de la Guardia Civil), Agripino Simón Martín (guardia civil), Francisco González Borrego (guardia civil), José Matos González (guardia civil) e Hipólito Corral (vecino de Castilblanco). Los sucesos dieron lugar a una gran controversia a nivel nacional. La izquierda gobernante trató de responsabilizar a la Benemérita, pero Azaña, Presidente del Consejo de Ministros, declaró:“ Cualquiera diría que en Castilblanco ha sido la Guardia Civil quien se ha excedido en el cumplimiento de su deber, y no deja de pasmarme que cuando cuatro «infelices» Guardias Civiles han perecido en el cumplimiento de su obligación, se ponga precisamente a discusión el prestigio del Instituto, como si hubieran sido estos Guardias, no los muertos, sino los matadores.”

          Cuarenta y cinco vecinos fueron detenidos inicialmente. Sin embargo, quedaron en veinte hombres y dos mujeres los que fueron encarcelados, el 9 de enero de 1932, para ser procesados y juzgados. Las sentencias, tras el juicio, dictadas el 19 de julio de 1933 fueron de trece condenas: siete de pena de muerte y seis de cadena perpetua. Después de las apelaciones, las penas de muerte fueron rebajadas a cadena perpetua, y las seis de cadena perpetua se rebajaron a 20 años de cárcel.

          Estos sucesos fueron el principio del fin del General Sanjurjo como Director General de la Guardia Civil. Él, que no quiso “mover un dedo” el 14 de abril de 1931 para evitar la proclamación de la Segunda República, vio como “Saturno devora a sus hijos” (Miguel Maura, Alcalá Zamora…).

          No quiero terminar estas líneas sin que el lector conozca lo que escribe, en el momento presente, la Diputación de Badajoz sobre los acontecimientos narrados: “Fue famosa en toda España durante los años de la República por la sangrienta represión sufrida en 1931 durante una revuelta obrera”. ¡ Memoria Histórica “dixit”!

Francisco Iglesias