Podríamos decir que la figura de Fernando VII es controvertida y no haríamos sino romper una lanza a favor de este personaje, cuyo calificativo, forzosamente, debe ser otro.

En 1812, las Cortes de Cádiz promulgaron una Constitución, la conocida como “la Pepa” por haber sido sancionada el 19 de marzo.

Habiendo fallecido su primera esposa, Maria Antonia de Nápoles, el año 1806 sin haber dejado descendencia, en 1816, casó Fernando VII en segundas nupcias con su sobrina Isabel de Braganza, que falleció en 1818 habiéndole dado una hija que también falleció con pocos meses. En 1819 volvería a contraer matrimonio con Maria Josefa Amalia de Sajonia, que fallecería en 1829 sin haber dejado descendencia. En su cuarto matrimonio, con su sobrina Maria Cristina de las Dos Sicilias, tendría dos hijas: la que acabaría siendo Isabel II en 1833, nacida en 1830, y Luisa Fernanda, nacida en 1832.

Si las vicisitudes familiares resultaron complicadas, justamente esas vicisitudes acabarían aportando una terrible inestabilidad nacional. Por sí mismas y por las circunstancias y talante del personaje, quien a la vista de su actuación tenía una sola preocupación: él mismo.

La situación se complicaría ostensiblemente el año 1820 cuando, un fatídico uno de enero, en Cabezas de San Juan (Sevilla) Rafael de Riego, al mando de las tropas destinadas a combatir a los separatistas americanos, y siendo partícipe como aquellos de organizaciones masónicas servidoras de los intereses británicos, se sublevó, ocasionando una cadena de nuevas sublevaciones que, además de dejar desamparado el territorio americano, sembraron la península de inestabilidad.

La situación creada por la asonada iniciada por los militares masones ocasionó que el 10 de marzo de 1820, Fernando VII diese nuevas muestras de su talante publicando un manifiesto en el que, entre otras cosa decía:

Me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el estruendo de las armas hostiles, fue promulgada en Cádiz del 1812, al propio tiempo que con asombro del mundo combatían por la libertad de la patria. He oído vuestros votos, y cual tierno padre he descendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución, por la cual suspirabais, y seré siempre su mas firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la pronta convocación de las Cortes. En ellas, reunidos a vuestros representantes, me gozaré de concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional. (Incógnito 1844: 37)

Acababa el mismo proclamando:

Marchemos francamente, YO EL PRIMERO, POR LA SENDA CONSTITUCIONAL; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria. (Incógnito 1844: 37)

Lo curioso es la trayectoria de este personaje. Conviene volver atrás unos años y repasarla:

El 4 de Marzo de 1808 entró Fernando en Madrid de la mano de Murat, lugarteniente de Napoleón, y en la población se mezclaban las expresiones de júbilo con la protesta por la presencia de las tropas francesas. Mientras tanto el general Castaños, por orden de Godoy, organizaba un ejército para enfrentarse a los invasores franceses, al tiempo que el propio Godoy trataba de llevarse la familia real a América.

Los días 17 a 19 de Marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez. Carlos IV abdica en su hijo Fernando, aunque el día 21 se retractó en un manifiesto sin valor, mientras en medio de un caluroso recibimiento, entraba Fernando VII aclamado como rey en Madrid.

El 5 de Mayo de 1808, en un acto grotesco celebrado en Bayona, abdicó Carlos IV y abdicó Fernando VII. Carlos IV escribió un comunicado al pueblo español: “He tenido a bien dar a mis vasallos la última prueba de mi paternal amor (…) Así pues por un tratado firmado y ratificado he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra y que nuestra sagrada religión ha de ser la única que ha de observarse.”

La actitud de toda la casa real borbónica ante tales hechos, por sí sola, es merecedora del desprecio de los españoles, ya que sin pérdida de tiempo, y tras la humillante nota de Carlos IV, el 12 de Mayo, Fernando VII y los infantes Don Carlos y Don Antonio expidieron una proclama al pueblo español en la que comunicaban la felonía perpetrada una semana antes, y ordenaban que se defendieran y acataran las órdenes de Napoleón.

El 11 de Diciembre de 1813 se firma el Tratado de Valençay, mediante el cual Napoleón, que se encontraba acosado, devolvía la titularidad de rey a Fernando VII, a quién sabía enemigo de los liberales, y con cuyo concurso tranquilizaba la situación militar francesa por el sur. A pesar del tratado, Fernando VII siguió en poder de Napoleón hasta marzo de 1814, y por otra parte, el tratado no tenía validez, ya que se requería la anuencia de las Cortes.

El 22 de Marzo de 1814, tras el tratado de Valençay, queda restaurada la monarquía de Fernando VII, cuando entra en Madrid.

El 12 de Abril de 1814, la nobleza dirigió a Fernando VII el que fue conocido como “Manifiesto de los Persas”. Se le da este nombre porque el texto inicia como sigue: “Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor…«Ante el manifiesto, Fernando VII adoptó las formas que le eran propias, asumiendo aquellos asuntos que se denunciaban y rechazando las ideas que para resolver los problemas se proponían, con lo que se dio lugar a lo que acabaría siendo el sexenio absolutista.

No era ese el objeto del manifiesto de los persas, ya que en el mismo se proponía la aplicación de reformas administrativas y políticas. Nada tenía de reaccionario ni de absolutista, salvo a la vista de los enemigos de la tradición. También se pedía el restablecimiento de la Inquisición, que había sido suprimida por decreto de las cortes de 28 de febrero de 1813. Prácticamente éste fue el único extremo del manifiesto que tendría cumplimiento, pero de una institución que, ni remotamente, tenía parecido con el cometido para el que había sido creada.

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaró nula la Constitución de Cádiz, así como toda la legislación elaborada por las Cortes «como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”.

Con estos precedentes, no es de extrañar la postura adoptada tras los hechos de Cabezas de San Juan de 1820. Este levantamiento daría pie al periodo conocido como trienio liberal, que finalizó en 1823 con la irrupción de un cuerpo expedicionario francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, dirigidos por el masón duque de Angulema, que venía acompañado por el general Guillerminot, Venerable de la Logia de los Filadelfos, el mariscal Bon Adrien Jeannott de Moncey, Duque de Conégliano, y Carlos Alberto de Saboya-Carignano.

Entre 1820 y 1823, periodo en el que Fernando VII no ejercía el control sobre la vida nacional, la actividad política posibilitaba la descomposición nacional, mientras, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, Fernando VII, como Carlos IV hizo en su momento, intentó retirarse a México para librarse de los liberales, mientras las conspiraciones palaciegas venían a representar la contrapartida de las sublevaciones liberales. Así, llegaron a producirse hasta 9 conspiraciones, siendo la de Urgel en 1822 la de mayor gravedad.

En este periodo, el masón O’Donoju fue nombrado gobernador de México, tras lo cual se puso a merced de los insurgentes, firmando con Agustín de Iturbide un convenio por el que acabó disolviendo las milicias leales a España. Así, Iturbide consigue organizar el movimiento separatista, que contó con el apoyo de los realistas, contrarios a la política liberal del gobierno y declaró la independencia el 28 de Septiembre de 1821, que fue seguida por Panamá, Guatemala, Santo Domingo, Venezuela, Perú, Ecuador…

El 2 julio de 1882, la Guardia Real, fiel a Fernando VII, se levanta en armas y en un enfrentamiento con la milicia es vencida el 7 de Julio en la Plaza Mayor de Madrid. Grandes fueron las fiestas y la prensa liberal dedicó amplios capítulos para la explicación autocomplaciente en el que queda manifiesto el espíritu de revancha liberal. Mientras, Fernando VII huía a Sevilla.

En este maremagno, la vida política no era de otro tenor, dando lugar a que entrase en el gobierno otro masón como secretario de Guerra, Antonio Olaguer Felíu, abierto partidario de la independencia de América.

La falta de autoridad del Gobierno se tradujo en un endurecimiento de la vida política, que adquirió las connotaciones propias de un ambiente de guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones.

El 15 de Agosto de 1822 se produce el Manifiesto de la regencia de Urgel (no confundir con el «manifiesto de los persas», de 1814, señalado más arriba) en apoyo de Fernando VII, y en el que se señalaba el estado de postración en que se hallaba España y el engaño al que había sido sometido el pueblo español.

En respuesta al mismo, el pueblo se organizó en guerrillas que se enfrentaron al ejército, y de ello era conocedor Fernando VII, que pidió ayuda a la Santa Alianza, que acabaría formando un ejército conocido como Los Cien Mil Hijos de San Luis que el 6 de abril de 1823 acabaría invadiendo España con apoyo de las milicias realistas y restituyendo a Fernando VII como rey absoluto.

Así, el 1 de Octubre de 1823 Fernando VII tenía nuevamente el poder absoluto, con el que firmó un decreto por el que anulaba todos los actos del gobierno generados desde el 7 de marzo de 1820.

En esa marcha “curiosa” del rey a quién llamaron primero “el Deseado” y más tarde “el Felón”, da comienzo la conocida como “Década Ominosa”.

El ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis permaneció en España, y por su mantenimiento, según denunciaría posteriormente el Manifiesto de los Realistas Puros de 1 de noviembre de 1826, recibía;

El gobierno francés ocho millones de reales todos los meses para que nos haga el favor humillante de l a continuación de sus tropas. A este efecto se han creado contribuciones extraordinarias sobre diferentes ramos de la industria pública, las cuales, después de cubrir el expresado tributo, producen muchos sobrantes que, a costa de nuestra pobreza general, el rey y sus favoritos han debido destinar, con la mayor imprudencia, hacia otros propósitos.

Las represiones sobre los responsables del Trienio Liberal se verían mitigadas el 24 de mayo de 1824 con el decreto de indulto del que quedaban excluidos los autores de las rebeliones de Cabezas, de la isla de León, de la Coruña, Zaragoza, Oviedo, Barcelona y Ocaña, así como otros que quedaban relacionados especialmente.

Pero las maquinaciones siguieron en la Península; se pergeñó una conspiración que pretendía, mediando una convocatoria real, un cambio total de régimen tras secuestrar a los principales jefes militares con el objetivo de deportarlos a Filipinas, extremo que no llegó a cumplirse, supuestamente, porque la información trascendió. (Suárez 1948: 90)

En ese sentido, en Tarifa se produjo un levantamiento el mes de agosto a favor de la Constitución que fue cortado con el fusilamiento de su promotor, Pedro González Valdés y treinta seguidores, y en Aragón se produjo un levantamiento a favor del infante don Carlos, que fue igualmente sofocado. En la represión de estos levantamientos tuvo especial significación el conde d’Astorg, militar francés.

A pesar de la amnistía, la conflictividad, así como la marginación o asesinato de los elementos desafectos a Fernando VII estaban a la orden del día. Así, y como consecuencia de un levantamiento ultra realista fracasado, fueron fusilados en 1825 el mariscal de campo Jorge Bessieres (de extraña historia personal, ex masón y en estos momentos ultra realista), el coronel Francisco Baños, los comandantes Valerio Gómez y Antonio Peranton y otros. Los documentos que poseían fueron quemados por el conde de España.

Según ya se ha adelantado, Fernando VII, sin descendencia, queda viudo de la reina Maria Josefa Amalia el 17 de mayo de 1829, y presionado por los liberales para evitar que la corona recayera en Carlos Mª Isidro, se casa con Maria Cristina de Nápoles, su sobrina, el 11 de septiembre del mismo año. Justo a los nueve meses, el 10 de Octubre de 1830, tiene una hija: Isabel, lo que ocasiona un rifirrafe legal en torno a la ley sálica que había instaurado Felipe V el año 1713. Las intrigas de palacio, en esta ocasión llevadas a efecto por la cuñada del rey, Carlota (cuyo marido, el infante Francisco, era el cuarto gran maestre de la masonería española), en el lecho de muerte de Fernando VII, arrancan del moribundo la derogación de la ley sálica que vetaba la corona a don Carlos en beneficio de Isabel.

Esta derogación, conocida como la Pragmática Sanción, venía a ser, al fin, la promulgación de lo que había sido aprobado por las Cortes el 31 de mayo de 1789, durante el reinado de Carlos IV. Los partidarios de D. Carlos no reconocieron el documento.

Cesáreo Jarabo