En la España de la posguerra la atención sanitaria estaba en manos de la beneficencia de ayuntamientos y diputaciones, con la existencia de hospitales destinados a atender determinados enfermos y a las personas indefensas. También se encontraban los hospitales militares para la atención de los oficiales y tropa. Determinados colectivos contrataban la asistencia médica por medio de “igualas”, que consistía en una cuota fija. Las mutualidades de trabajo estaban fundamentalmente radicadas en zonas urbanas, mientras que médicos atendían individualmente al mundo rural. Obviamente, también existía la medicina privada cuya coste se atendía por las familias que pudiesen hacerlo.

El 14 de diciembre de 1942, mediante Ley, se aprobó la implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. En una primera etapa, desde septiembre de 1944, las prestaciones de carácter obligatorio eran la medicina general y maternidad, la farmacia y las indemnizaciones por enfermedad. Los beneficiarios de tal seguro eran los trabajadores o productores y sus familias,  calificados en la norma como “económicamente débiles”, es decir, aquellos con unas rentas por el trabajo inferiores a 9.000 pesetas anuales. Se añadió posteriormente una indemnización por fallecimiento del trabajador asegurado.

La gestión administrativa del Seguro se adjudicó al creado Instituto Nacional de Previsión, mediante la llamada “Caja Nacional del Seguro de Enfermedad”.

La indemnización por enfermedad consistía en un 50% del salario, a partir del quinto día de enfermedad, y llegaba hasta 26 semanas. Era requisito para el cobro que la duración de la enfermedad fuese superior a 7 días y existía además un periodo de carencia de 6 meses desde la afiliación.

En el caso de maternidad, la indemnización a las mujeres afiliadas era del 60% de su salario. La carencia, en su caso, para recibir la indemnización era de 9 meses antes del parto.

La financiación del Seguro era tripartita, a cargo de los empresarios, trabajadores y Estado, que tuvo una participación muy pequeña a lo largo de todo el periodo. La aportación estatal supuso un 3,7% de media, a partir de 1946. Sin duda alguna, los inicios del SOE fueron difíciles y complicados dada la carencia de financiación, de hospitales y clínicas, sin embargo, puede afirmarse que, con su puesta en funcionamiento, se produjo un cambio absoluta en la atención sanitaria de la población, atendida, como ya se ha dicho, exclusivamente por la beneficencia.

Fue precisa la aprobación del Plan Nacional de instalaciones sanitarias que tenía como objetivo la construcción, básicamente de hospitales (Residencias) y ambulatorios. En 1948, el gobierno declaró estas obras como de «interés nacional». Con la ejecución de este plan, en 1973, el porcentaje de camas propias solamente había subido hasta el 20%, mientras que las ofrecidas por el sector privado ascendían al 33,2%.

En 1963 se aprobó la Ley sobre bases de la Seguridad Social, cuyo texto articulado entró en vigor en 1967. Tal reforma significó que el sistema asumió la totalidad de los trabajadores, con independencia de su nivel económico y cuotas de ingresos. Se unificaron todos los seguros existentes, enfermedad, vejez y accidentes, configurando una sola cotización. Se añadió definitivamente la atención por médicos especialistas, los ingresos hospitalarios y se amplió la lista de medicamentos incluidos en el seguro.

España fue uno de los últimos países europeos en implantar tal seguro, creado inicialmente en Alemania por el canciller Otto von Bismarck en 1883, a la que siguió Suiza en 1911 y demás países de Europa. Ni los gobiernos de Alfonso XII, Primo de Rivera o la Segunda República, osaron hacer frente a esa problemática nacional. Finalizando, es preciso agregar que tal SOE fue el embrión de la seguridad social y su acción protectora emergidas en el último cuarto del siglo XX.

Francisco Gilet